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Vargas ve injusto limitar la entrega de fondos a la JCE



El presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas, consideró este miércoles injusta e inaceptable la decisión del Gobierno de no hacer cambios y ajustes en el Presupuesto General del Estado para el 2015, para inyectarle recursos a la Junta Central Electoral, sobre todo en un año pre electoral. 
Vargas, a través de su cuenta de Twitter y datos enviados por su vocero, el diputado Víctor Gómez Casanova, afirmó que es la primera vez en la historia que en año pre-electoral pretendan restringir y asfixiar económicamente una institución encargada de organizar las elecciones.

Dijo que los recursos del montaje y organización de las elecciones del 2016 no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad del jefe del Estado de turno, por lo que se debió incluir esas partidas en el Presupuesto del Estado para el 2015.

La reacción del presidente del PRD se produce horas después que el Poder Ejecutivo depositara una adenda, a través del Senado, al Presupuesto General del Estado, en el que le otorga 200 millones de pesos al Tribunal Constitucional, 100 millones a al Tribunal Superior Electoral e igual cantidad a la Surprema Corte de Justicia, pero a la JCE no se le asignó presupuesto para organización de las elecciones.

El presidente de la comisión bicameral que estudia el Presupuesto, senador Tommy Galán, anunció que el jefe del Estado garantizó los fondos para las elecciones del 2016 y se comprometió a entregarle dinero a la JCE el próximo año a través del Presupuesto complementario.
Vargas consideró que es en el Presupuesto donde debe de estar asignado.

El presidente de JCE, doctor Roberto Rosario Márquez, informó ayer que para el 13 de este mes está convocado el Pleno del organismo, donde se tocará el tema del presupuesto no otorgado.

Rosario Márquez denunció a principio de semana la falta de recursos para el día a día y que no tienen dinero para pagar los servicios y la compra de combustibles para el manejo de los centros de cedulación. Se quejó, además, que desde la Contraloría no se habían desembolsado los fondos para el pago por ley de los fondos a los partidos.

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