José
del Carmen Cruz y Felipe Jesús Santos se declararon culpables de los hechos,
mientras que con relación a los demás imputados el Ministerio Público retiró la
acusación en vista de su colaboración en el proceso de investigación.
El
acuerdo establece que al imputado José del Carmen Cruz, en virtud de un penal
abreviado, se le solicitará una condena de 10 años de prisión con cumplimiento
de la pena condicional, en el entendido de que posee complicaciones médicas
como insuficiencia renal crónica y diabetes según lo certifica el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Con
relación a Felipe de Jesús Santos, acusado de complicidad, la sanción
solicitada por la Fiscalía del Distrito será de un año de prisión.
De
conformidad al acuerdo el imputado José del Carmen Cruz no podrá dedicarse a
ninguna actividad vinculada al sector salud durante un periodo de 10 años. Además
se le cancelaran los registros mercantiles y permisos para operar en el sector
salud de 15 empresas, entre ellas: Centro de Diagnóstico Guaricano S.R.L,
ExportPharma S.R.L, Guifar S.R.L, Yomifar S.R.L., Credijones Constructora
Inmobiliaria S.A., entre otras.
Por
igual el imputado le condonó a título de indemnización una deuda que tienen sus
empresas de 10 millones 481 mil pesos al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
En
lo que respecta al decomiso de bienes, todos los medicamentos secuestrados por
el Ministerio Público, tanto vencidos como por vencer, quedarán decomisados
para proceder a incinerar los medicamentos y en con referencia a los equipos
utilizados para fabricación de los productos farmacéuticos la Fiscalía
dispondrá de ellos según su consideración y la del Ministerio de Salud.
La
Fiscalía determinó que el 51.5 por ciento de los bienes eran de origen ilícitos
y que en tal sentido se decomisarán en beneficio del Estado para ser
distribuidos conforme a la Ley de Lavado de Activos. Se retuvieron más de 100
millones de pesos en certificados financieros, 14 inmuebles y 7 vehículos.
En
lo concerniente a los equipos eléctricos secuestrados, la Fiscalía pactó que
los mismos serán distribuidos conforme a los porcentajes del acuerdo.
Además,
el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de una multa de un
millón 500 mil pesos.
La
procuradora fiscal titular, magistrada Yeni Berenice Reynoso, manifestó su
preocupación con el comercio de medicamentos adulterados en República
Dominicana. “Este es uno de los procesos que más seguimiento le ha dado la
Fiscalía por la gravedad del mismo y por ser el caso más relevante del país en
materia de medicamentos adulterados” expresó la fiscal.
Agregó
que a partir de este proceso la Fiscalía ha iniciado una serie de diligencias
de investigación que han llevado al Ministerio Público a desmantelar otras
redes de falsificación de medicamentos.
“Es
importante que quienes operan en el comercio de la adulteración y falsificación
de este tipo de productos reciban el mensaje de que serán sancionados
penalmente, que sus bienes serán decomisados y que a sus empresas se le
cancelarán los registros mercantiles y los permisos para operar” puntualizó
Reynoso.
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