Los coroneles Carlos Fernández Valerio y Félix Humberto Paulino López, junto a los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro fueron apresados y sometidos por narcotráfico, lavado de activo y otros delitos.
El robo de la droga se produjo durante un allanamiento el 27 de septiembre del 2014 a una vivienda en el ensanche Isabelita.
El caso fue dado a conocer a la opinión pública por El Nacional el 29 de diciembre, tras recibir informaciones de una fuente confiable.
“La sustancia sustraída en esta operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados”, dijo el procurador Francisco Domínguez Brito al anunciar el sometimiento de 25 implicados.
Dos días después de la publicación de El Nacioanal, el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, confirmó el caso y dijo que era más grave de los que se había revelado.
Ese mismo día se publicó el sometimiento del que había sido objeto el coronel Francisco Eladio Bloise Olmeda, nuevo jefe del Dican.
Megadiva y raso
La megadiva y la raso de la Policía que se habrían beneficiado del dinero obtenido de la venta de la droga no corrieron la misma suerte que el sargento que devolvió un millón 450 mil pesos, y terminó entre los acusados.
La raso devolvió alrededor de tres millones de pesos y quedó sin medida de coerción a cambio de utilizarla como testigo a cargo y habría sido una de la más colaboradora en la investigación.
Esta fue presentada como anticipo de prueba en el proceso ante la jueza de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy S. Martínez Mejía.
La megadiva aparentemente fue excluida porque a juicio de los investigadores no tuvo nada que ver, sin importar que se haya beneficiado de los recursos obtenidos de la venta de la droga.
El fiscal adjunto Leónidas Suárez Martínez, también salió con suerte y no se le solicitó medida de coerción a pesar de que los investigadores conocen con exactitud que habría adquirido varios vehículos, entre ellos un Honda Accord.
Esta tarde se espera se les conozca medida de coerción al coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.
Por igual el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torres Beltrán, sargento Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.
Los fiscales y policías están acusados de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros delitos penales.
La distribución de los 950 kilos se realizó de la siguiente manera: 250 kilos a los representantes del ministerio público, quienes se encuentran bajo arresto, y los 700 restantes quedaron bajo el control del coronel Paulino, quien a su vez después supuestamente colocó parte de la misma en el mercado local.
En la caja número 132, dela compañía Cajas de Seguridad Dominicana, que figuraba a nombre de Omar Ogando, primo del fiscal Díaz Ogando, se encontró varios certificados de depósitos y de inversión con un valor aproximadamente de 5 millones de pesos, títulos de propiedad correspondiente a locales comerciales, entre otras propiedades, y 15 mil dólares.
El sargento De los Santos, devolvió un millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta del año 2014.
La raso recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos.
Dos semanas después, se ofrecieron los resultados de la investigación.
LA FRASE
“Fiscales y policías se convirtieron en narcos al usar para la venta las drogas sustraídas”
Francisco Domínguez Brito
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