SANTO DOMINGO.- La Conferencia del Episcopado
Dominicano deploró este miércoles “la violencia y la desigualdad
institucionalizada” que existe en el país y que se evidencia en que,
pese al crecimiento económico que ha experimentado la sociedad en los
últimos años, no se ha traducido en una reducción significativa de la
pobreza.
En un mensaje enviado a esta redacción, la
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) consideró injusto que la
pobreza en el país se mantenga en el 40 por ciento, cuando le media de
Latinoamérica es de 25%.
“Peor aún, los reportes más recientes sobre la
pobreza, como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
para el año 2014, señalan que si bien en República Dominicana el
porcentaje de pobres se ha reducido levemente, la indigencia ha
aumentado en términos absolutos, al mantenerse en torno al 20% de la
población (frente a un 12% de promedio en la región)”, precisa la CEP
en su mensaje con motivo de la Independencia Nacional.
Sin embargo, la CED reconoció los avances
alcanzados en el país en temas de emergencia, seguridad, educación y en
el crecimiento de las organizaciones comunitarias.
Otras debilidades que señaló el Episcopado son la
carencia de institucionalidad y de transparencia, sobre todo en el
manejo de los recursos del Estado.
“Esta debilidad institucional se refleja
especialmente en los aspectos fiscales, es decir, en la manera en que
el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos los
dominicanos. Al gasto público todavía le falta mucha calidad, lo que a
su vez es indicio de políticas públicas poco articuladas”, se lee en el
mensaje de la CED.
SOBRE EL PACTO ELÉCTRICO
La entidad también criticó el Pacto Eléctrico que
promueve el Gobierno en su intento de mejorar el sistema energético
dominicano.
Sobre este tema, el Episcopado considera que “es
cuestionable que el Estado en su visión política tenga que recurrir a
“pactos” entre los actores cuyos intereses son meramente lucrativos…”.
Agregó que el pacto es una clara manifestación del
vacío de institucionalidad que aumenta la sensación de que los derechos
de todos los ciudadanos dependen de grupos “de expertos”.
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