miércoles, 5 de agosto de 2015

Tribunal ordenan levantar embargo a cuentas del Procurador



Procurador de la República, Francisco Domínguez Brito.
 La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dispuso este miércoles el levamiento del embargo a las cuesta del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y los exmiembro del Consejo Superior del Ministerio Público, que hizo una exfiscal.

El juez Reynaldo Ferreira Jiménez acogió los argumentos del Ministerio Publico para tomar su decisión. La exfiscal de San Pedro de Macorís, Soraine Asunción Vargas Molina, embargó a las cuentas de él y de otros exmiembros del Consejo Superior del Ministerio Público, luego que fuera favorecida con una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenó su reintegro al cargo.
El pasado jueves, el Procurador dijo que Vargas Molina fue separada del cargo luego que se abriera un proceso en su contra tras ser sorprendida infraganti aceptando un soborno de RD$500 mil a un alegado jefe de una red de narcotráfico.

El pasado viernes el Tribunal Superior Administrativo además rechazó en cuanto al fondo la solicitud de liquidación de astreinte interpuesto por la exfiscal de San Pedro de Macorís, Soraine Asunción Vargas Molina, contra el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y los exintegrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, magistrados Moisés Ferrer, Víctor González, Lucas Evangelista Pérez y Kelvin Santana, quienes formaban parte del alto organismo en el año 2012.

Con relación a este caso, el Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión de amparo interpuesto por la Procuraduría Administrativa en contra de la sentencia 212-2013 que dispone su restitución en el cargo y de solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia que ordena el pago del astreinte.

El Ministerio Público ha sido instruido para que pida la pena máxima que se impone en estos casos, que es de 20 años de prisión, por los graves hechos de corrupción de la cual está acusada la exintegrante de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.

Esta oposición o embargo afectó las cuentas en las cuales se depositan los salarios de los miembros del Ministerio del Público integrantes del pasado Consejo Superior del Ministerio Público, por valores que oscilan entre 200 mil y 300 mil pesos, según los casos.
  


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